¿Qué tienen que ver las reformas a la LFDA y el CPF con el T-MEC?
Estas reformas se hicieron para acatar algunas disposiciones sobre propiedad intelectual del T-MEC. Sin embargo, el acuerdo no obligaba a México a legislar de la forma en que se hizo, ya que contemplaba hasta tres años para discutir e implementar estas modificaciones. Además, estas reformas debían ser consistentes con la Constitución y los derechos humanos.
¿Qué es el sistema de “notificación y retirada”?
Es un mecanismo que obliga a un proveedor de servicios en línea –plataformas web, servicios de alojamiento web, entre otros– a retirar un contenido cuando un tercero alegue una infracción de sus derechos de autor. Es decir, el contenido se censura antes de que una autoridad judicial compruebe, con el debido proceso, que existe una violación a los derechos de autor.
Uno de sus problemas es que no es tan sencillo demostrar una infracción, ya que no basta con probar que la parte acusadora es titular de los derechos de autor. Existen excepciones incluidas en la Ley Federal de Derecho de Autor que permiten utilizar obras (o fragmentos de obras) protegidas sin necesidad de solicitar permiso ni dar remuneración.
¿Qué sigue si me han removido un contenido?
Una vez que tu contenido ha sido retirado, el mecanismo contempla un sistema de contra-aviso para restaurar el material removido. Sin embargo, este mecanismo es inefectivo, ya que tu contenido seguirá censurado al menos 15 días hábiles , en lo que la persona que hizo la notificación decide si te denuncia o demanda ante otra instancia. Si lo hace, ese contenido queda retirado hasta que no se resuelva el procedimiento.
Incluso si tu contenido fue removido solo unos días o un par de semanas, ya existe una afectación grave al derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando el material tiene que ver con asuntos de interés público que tienen sentido en el momento de su publicación.
¿Por qué dicen que la notificación y retirada facilita la censura?
Existen casos documentados sobre cómo este mecanismo ha sido abusado para remover contenido legítimos. Por ejemplo, el Wall Street Journal evidenció que la notificación y retirada ha sido manipulada para remover enlaces de Google a notas periodísticas sobre casos de corrupción. Es un problema que ocurre también en otras plataformas.
Además, otro de los problemas de las reformas es que la legislación es imprecisa y poco clara. Esta incertidumbre jurídica genera un “efecto inhibidor”. Esto quiere decir que, aunque no exista una violación a derechos de autor, por temor a que te retiren un contenido en línea o por miedo a ser sancionado, muchas personas dejarán de hacer actividades que son legales por temor a que el contenido sea censurado indebidamente por el mecanismo de notificación y retirada.
¿Qué son los candados digitales?
Las medidas tecnológicas de protección, también conocidas como candados digitales, son mecanismos y/o protecciones que impiden el acceso a una obra protegida por derechos de autor. Por ejemplo, un Blu-ray puede incluir un candado que impida acceder o copiar su contenido –una película, por ejemplo– a menos que cuente con una llave. Un reproductor de Blu-ray tiene esta llave que te permite ver el contenido, pero si quisieras copiar un respaldo en mi computadora, tendrías que romper el candado.
Además, copiar el contenido de un Blu-ray no necesariamente es una infracción al derecho de autor. La LFDA permite a todas las personas hacer copias privadas de las obras adquiridas legalmente. En ese sentido, hacer una copia de la película no sería ilegal, pero romper el candado para poder realizar el proceso, sí.
¿Por qué se incluyen candados digitales en los dispositivos electrónicos?
Muchos de los dispositivos electrónicos que usamos –computadoras, teléfonos, impresoras, automóviles, electrodomésticos, entre otros– incluyen software que controla la manera en que se puede (o no) usar dicho aparato. Ese software es considerado una obra protegida, ya que el código es técnicamente una obra literaria, por lo que muchos fabricantes buscan proteger esa propiedad intelectual con un candado digital.
A menudo es necesario romper esos candados para que funcionen nuestros dispositivos. Por ejemplo, supongamos que tienes una impresora que ha sido descontinuada. La única forma de seguirla usando es si utilizas cartuchos rellenados o genéricos. Sin embargo, si esa impresora tiene software que bloquea el aparato cuando detecta que estás usando un cartucho no original, necesitas eludir ese candado digital para modificar el software para que tu dispositivo funcione.
Entonces, ¿es ilegal reparar mis dispositivos electrónicos?
La ley no establece que cualquier reparación de un dispositivo electrónico sea ilegal o constituya un delito. Lo que dice la reforma es que eludir una medida tecnológica de protección –un candado digital– fuera de las excepciones contempladas es ilegal. Romper un candado digital para hacer una copia privada, extraer un fragmento de una obra, o diagnosticar, modificar y reparar un dispositivo sí puede ser sancionado, ya que no existen ninguna excepción que permita eludir medidas tecnológicas de protección con esos fines.
La reforma establece una serie de excepciones que permiten eludir estos candados, pero este listado es insuficiente, vago e impreciso. No hay suficientes excepciones que protejan a una persona que rompa estos candados para ejercer acciones legítimas, ni permite eludirlos conocer el funcionamiento o hacer reparaciones y modificaciones para extender la vida útil del dispositivo.
¿Puedo ir a la cárcel por romper un candado digital?
No todas las reparaciones requieren la elusión de un candado digital, por lo que no todas las reparaciones son ilegales. Solamente aquellas que requieran eludir una medida tecnológica de protección son consideradas ilegales.
Estas actividades pueden ser sancionadas administrativamente con multas que oscilan entre los 85 mil y los 1.7 millones de pesos, y únicamente pueden constituir un delito que amerite penas de prisión –de 6 meses a 6 años– cuando la elusión se haga a sabiendas y con fines de lucro. Esto compromete mayormente a quienes se dedican de manera comercial a proveer servicios de reparación que implican la elusión de un candado digital.
¿Qué puede hacer el ciudadano común para oponerse a estas reformas?
Existen órganos facultados para impugnar las reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una acción de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es uno de estos organismos, por lo que se puede ejercer presión para que interponga este recurso. La Comisión tiene hasta el 31 de julio para actuar.
Además de la CNDH, otros actores como la Fiscalía General de la República o una minoría en el Congreso pueden promover una acción de inconstitucionalidad. Así mismo, las personas pueden, individualmente, interponer juicios de amparo contra estas reformas.
